El Gobierno quiere dar a las empresas que pidieron créditos con aval estatal durante la pandemia un poco más de tiempo para hacer frente a sus obligaciones financieras.


 

El Consejo de Ministros aprobó a través del Real Decreto-ley 5/2021 de 12 de marzo un paquete de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial y alivio de la carga financiera de empresas viables que atraviesen un desequilibrio patrimonial temporal como consecuencia de la caída significativa de sus ingresos derivada de la pandemia de la COVID-19.

¿Qué ampliaciones máximas de plazos de vencimiento de las operaciones se pueden solicitar?

Las ampliaciones máximas de plazos vienen determinadas por la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea y tienen en cuenta el volumen de ayuda pública que haya recibido el autónomo o la empresa en el momento de solicitar esta medida, estableciéndose dos categorías:

  • Empresas o autónomos que reciban un volumen de ayuda pública igual o inferior a 2.300.000 euros (sujetas al apartado 3.1 del Marco Temporal de Exención Europea) o los límites específicos que marca la UE para pesca, acuicultura y agricultura:
    • Si ya se acogieron a las extensiones reguladas en el Real Decreto-ley 34/2020 (que se podían solicitar hasta el 15 de mayo de 2021), podrán pedir una extensión por un período adicional de 2 años, siempre que el plazo final de la operación avalada (contando desde la fecha de formalización) no supere los 10 años.
    • Para el resto de operaciones se podrá pedir una extensión de 5 años, siempre que el vencimiento de la operación avalada (contando desde la fecha de formalización) no supere los 10 años.
  • Empresas o autónomos que reciban un volumen de ayuda pública superior a 2.300.000 euros (sujetas al apartado 3.2 del Marco Temporal de Exención Europea) o los límites específicos que marca la UE para pesca, acuicultura y agricultura:
    • Si ya se acogieron a las extensiones reguladas en el Real Decreto-ley 34/2020 (que se podían solicitar hasta el 15 de mayo de 2021), podrán pedir una extensión por un período adicional de 2 años, siempre que el plazo final de la operación avalada (contando desde la fecha de formalización) no supere los 8 años.
    • Para el resto de operaciones se podrá pedir una extensión de 5 años, siempre que el vencimiento de la operación avalada (contando desde la fecha de formalización) no supere los 8 años.

Las entidades y las empresas y autónomos podrán acordar en todo caso la ampliación de los plazos de carencia de la operación, debiendo comunicar la entidad asimismo al ICO dicha ampliación en la fecha máxima del 1 de junio de 2022.

Condiciones de elegibilidad para la extensión del plazo de vencimiento: ¿Quién se puede acoger a esta medida? 

Autónomos, pymes y empresas podrán realizar su solicitud de ampliación de plazo de vencimiento a sus entidades financieras acreedoras, que cumplan con condiciones de elegibilidad requeridas.

Los requisitos para la extensión del plazo de vencimiento conforme al Código de Buenas Prácticas son, además de las condiciones comunes contemplados en la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, las expresamente previstas en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021 y de 30 de noviembre de 2021 para la extensión de plazo del aval:

  • que haya mediado solicitud del deudor a la entidad
  • que la operación avalada no se encuentre en situación de mora (impagada más de 90 días) a la fecha de formalización de la ampliación, ni tampoco lo esté ninguna otra financiación de este deudor con la entidad
  • que el deudor no figure en situación de morosidad en los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a fecha de formalización de la ampliación
  •  que la entidad no haya comunicado al ICO ningún impago de la operación avalada del deudor a la fecha de formalización de la ampliación
  • que el deudor no esté sujeto a un procedimiento concursal en el momento de la formalización de la extensión de plazo
  • que el deudor cumpla con los límites establecidos en la normativa de Ayudas de Estado de la UE
  • que el deudor no haya sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, ni por delitos de frustración de la ejecución, insolvencia punible o alzamiento en los que uno de los sujetos perjudicados haya sido la Hacienda Pública
  • que la facturación, entendida como volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el modelo fiscal anual correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo equivalente, tanto para empresas como para autónomos, de acuerdo con el régimen que le aplique, haya caído un mínimo del 30% en 2020 con respecto a 2019.

También existe la posibilidad de que las empresas cuya facturación haya caído menos del 30% puedan acogerse a esta medida si cumplen el resto de condiciones de elegibilidad, pero en este caso deberá mediar acuerdo con la entidad que otorgó la financiación.

¿Cuál es el plazo para poder solicitar esta medida?

Los autónomos, pymes y empresas que quieran acogerse a esta medida han de presentar su solicitud en la entidad financiera. La entidad tiene de plazo hasta el 1 de junio de 2022 para notificar la extensión al ICO.

¿Dónde se presentan las solicitudes?

Deben dirigirse a la entidad financiera que concedió la financiación avalada. En caso de contar con financiación de más de una entidad, el deudor deberá́ dirigir su solicitud a cada una de las entidades con las que tenga financiación y que se encuentren adheridas al Código de Buenas Prácticas.

Si la operación cumple los criterios de elegibilidad y la entidad está adherida al Código de Buenas Prácticas, aprobará la solicitud en un plazo máximo de 45 días, una vez se disponga de la documentación debidamente acreditada por el deudor.

De acuerdo a lo recogido en el artículo 12, apartado 3 del Real Decreto-ley 5/2021, las reclamaciones sobre la incorrecta aplicación de estas medidas seguirán la misma tramitación y resolución que el resto de reclamaciones sobre incumplimientos por parte de las entidades financieras. Inicialmente, la reclamación se formulará ante los servicios, departamentos o defensores del cliente de la entidad acreedora. Posteriormente, si no hay una solución satisfactoria para el cliente, éste podrá presentar una reclamación ante el Banco de España.

Fuente y más información: https://www.ico.es/medidas-codigo-buenas-practicas

Para cualquier consulta relacionada con este tema, no dudes en contáctanos en el 932 000 149 o bien en el correo infonexum@etl.es.

Confía en expertos, confía en ETL.